La corrupción supone el mayor y más pernicioso de los privilegios económicos, desde el cual se estructuran y mantienen la mayoría de los mismos. Antes de las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- las verdades que han salido a luz pública se contaban en espacios cerrados y discutían abiertamente en pocos foros. Hoy, la evidencia nos habla de un país con corrupción sistémica y estructural, donde tanto pequeñas decisiones como grandes políticas están permeadas por este fenómeno.

La gobernanza económica no es una excepción. Las fortunas al amparo del Estado, ya sea a través de contratos o privilegios, se construyen y conservan por medio de una relación continuada con el poder político. La misma se da en varias modalidades de gran corrupción como el financiamiento ilícito y anónimo, los contratos espurios, la evasión fiscal y privilegios (leyes, concesiones, licencias, regulaciones ect;) comprados con mecanismos corruptos.

En medio de un ambiente como este las empresas que no pagan coimas, evaden impuestos, financian partidos ilegalmente, o adquieren privilegios de mercado a base de chequera, compiten en desigualdad de condiciones. Como la corrupción es estructural el dominio de mercado de algunas empresas que entran en esta clase de juegos también lo es, haciendo muy difícil el crecimiento de empresas que en otras condiciones pudieran cubrir una porción mayor del total de clientes. Esto no solo repercute en empresas dando peor servicio al Estado sino en una pérdida de productividad que afecta a todos los consumidores en general.

Por estas razones desarrollaremos proyectos que:

• Formen en compliance a nuestros asociados, dándoles las herramientas de cumplimiento necesarias para protegerse de la mejor manera de las consecuencias de los intercambios espurios descritos.
• Desarrollen un sistema de denuncia de privilegios corruptos. Las formas en las que la corrupción mina la competencia son variadas y necesitamos recopilar las experiencias de diversos agentes en distintos sectores. Tener un mapa de donde se dan esta clase de injusticias de mercado nos ayudará a plantear reformas para mejorar la situación.
• Establezcan convenios con los grandes inversores internacionales para que los mecanismos de cumplimiento contemplen factores políticos y sociales que permitan contrarrestar los efectos de la corrupción del sistema que actualmente padecemos. Ampliar ese cumplimiento a compromisos de reformas, a reputaciones más allá de las formales de las empresas, a examinar qué tanto las empresas contribuyen a un cambio en el sistema o colaboran con el mismo puede ser de gran beneficio para el país.
• Propongan cambios de fondo para poder mitigar el problema de la corrupción tanto en su vertiente cultural, económica y política.

Reconocemos la importancia de fortalecer la capacidad de recaudación fiscal del Estado de Guatemala y el rol pernicioso que han jugado distintos intereses gremiales ante cualquier intento de reformar la fiscalidad del país. Necesitamos de una fiscalidad justa y eficiente para el desarrollo de la actividad empresarial y el crecimiento económico del país.

La institucionalidad fiscal a día de hoy sirve como barrera de entrada a empresas que de otra manera se formalizarían y de barrera de crecimiento a muchas empresas cuya relación con la burocracia de SAT es tormentosa.

La fragilidad institucional de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) permite que el fraude fiscal sea la norma, especialmente en el pago del impuesto sobre la renta (ISR) a empresas. También existen casos de empresas que activamente defraudan al Estado de Guatemala a través de retenciones ilegales del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Dichos factores han conducido a que Guatemala sea de los países con menor recaudación tributaria en relación al porcentaje del PIB. Los bajos niveles de recaudación tributaria alimentan un ciclo de debilidad institucional producto de la limitada capacidad para financiar las operaciones de instituciones angulares en un Estado de Derecho; limita la capacidad del Estado de Guatemala para implementar políticas públicas agresivas sin fragilizar el marco de sostenibilidad fiscal que ha caracterizado al país a lo largo de los últimos años.

La fragilidad fiscal del Estado de Guatemala, por otra parte, no permite el desarrollo de la infraestructura institucional y física que le permitiría desarrollar la actividad económica en otros sectores con mayor potencial de creación de empleo. Las soluciones típicamente aportadas por el sector privado ante la fragilidad fiscal del país, que a menudo consisten en la usurpación de ciertas competencias del Estado, solo favorecen la concentración de la actividad económica y no poseen una perspectiva integral del desarrollo de regiones -que no responderían a intereses de lucro de corto plazo- y que se caracterizan por ser las más proclives a generar flujos de migración hacia Estados Unidos.

Por estas razones desarrollaremos proyectos que:

• Impulsen ideas para el fortalecimiento a través de la reforma de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para conseguir la devolución transparente, ágil y pronta del crédito fiscal a empresas, la agilización de procesos de importación y exportación, la ampliación de base tributaria mediante la facilitación de prospectos de agremiados de la pequeña y microempresa, y el combate al contrabando.
• Formen y asistan a nuestros asociados en cuestiones fiscales para proveerles de herramientas que les ayuden a navegar un sistema tributario tan hostil.
• Conecten al empresariado nacional con los más profundos debates internacionales sobre el sistema de fiscalidad.

La estructura económica de Guatemala tiene su origen en una muy dispar distribución de la tenencia de la tierra, algo propio de sistemas coloniales. Los cambios políticos que vinieron después como es el caso de la Revolución Liberal de 1871, no solucionaron esa desigualdad y profundizaron la dependencia de monocultivos para exportación, sin que eso supusiera crecimiento económico o el desarrollo de mercados competitivos.

La diferencia entre otros casos de éxito y el nuestro es que esa transformación económica hacia la industrialización y modernización con todo lo que eso conlleva, ocurrió parcialmente. En términos generales y con honrosas excepciones, la economía guatemalteca es poco productiva y conlleva comportamientos empresariales que evitan el natural riesgo empresarial. El cambio hacia otras actividades económicas no ha servido para abrir fábricas que exporten o la proliferación de sectores con alta demanda de trabajo, sino para construir centros comerciales e invertir en negocios de consumo y servicios.

El resultado de una clase empresarial que ha preferido apostar por una rentabilidad inmediata y segura es un crecimiento económico mediocre, basado en el aumento de la población y el incremento de consumo que trae consigo sufragado en buena parte con las remesas que los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos mandan a sus familias.

Desde la fundación del país, el sector privado tradicional se ha consolidado en conglomerados empresariales familiares que están en el núcleo de redes de poder económico y político. Este proceso antiquísimo de esclerotización empresarial ha cimentado las bases de barreras legales y extralegales que impiden la entrada a nuevas iniciativas empresariales cuyas actividades podrían constituir una amenaza comercial para el sector empresarial tradicional. El sistema mina la organización de un nuevo paradigma para hacer empresa que reconozca lo imperativo y no prorrogable de ciertas reformas económicas y políticas para el desarrollo del país.

Estas barreras de entrada son múltiples y mutan a lo largo del tiempo. A menudo existe un traslape entre sus distintas dimensiones que históricamente ha dificultado la tarea de identificación y articulación; no obstante, en esta iniciativa, se plantean algunos ejes que apuntan a esos obstáculos fundamentales en la creación de un ambiente más dinámico de empresarialidad y crecimiento económico.

Guatemala necesita cambiar su gobernanza económica, pero eso no será fácil. Pese a compartir una visión clara sobre cómo modernizar la economía guatemalteca son muchos de los detalles que se deben profundizar para su correcto diseño e implementación.

Por estas razones desarrollaremos proyectos que:

• Desarrollen una agenda de investigación, con equipos multidisciplinares, para apoyar a los demás ejes, y para poder profundizar en el diagnóstico de nuestra economía y su necesaria reforma y modernización, así como desarrollar o apoyar reformas más amplias de nuestra justicia, sistema político y administración pública.
• Basados en los contenidos de propuesta construyan un verdadero diálogo, que aborde las injusticias y las taras de nuestro sistema. Ese diálogo debe ser en dos sentidos, por un lado entre nuestros miembros, para que puedan expresarse y formarse en temas políticos y sociales que les afectan en su labor como empresarias y empresarios; y por otro con la sociedad en general, tanto de cara a la opinión pública como a otros actores, políticos, sociales y empresariales.