El costo del silencio en las políticas públicas

La mezcla de etanol y gasolinas fue un tema que pasó desapercibido hasta el 2023, cuando el Ministerio de Energía y Minas publicó el Acuerdo Gubernativo 159-2023. En su momento, su entrada en vigencia fue detenida por acciones legales que identificaron inconsistencias entre la Ley de Alcohol Carburante y la Ley de Hidrocarburos. Sin embargo, una vez más, el silencio en esta materia se hizo presente y no se vio como un tema relevante puesto que “aún no entrará en vigencia”

Ahora, nos topamos con la entrada en vigor del reglamento para junio del 2026 y los últimos meses se han visto plagados de preguntas y desinformación por ciudadanos preocupados y con poco acceso a comunicación oficial en la materia. Entre las preocupaciones más frecuentes está la posible afectación a los motores de los vehículos (ya desmentido por autoridades del MEM), la cuantificación del impacto medioambiental, la obligatoriedad de la medida, entre otras. Estas preocupaciones y dudas son válidas, pero han resonado más que los beneficios que la mezcla del etanol podría tener para el país.. Este es el costo de la falta de comunicación y planificación, en donde lo negativo eclipsa los posibles beneficios, principalmente por desinformación.

Retomando el titular de este blog, el desafío ya no es solo la implementación, sino contrarrestar la desinformación que se ha generado en la población guatemalteca, dejando el espacio a posturas tanto a favor como en contra. Existe otro reto en esta nueva implementación y es de carácter comunicacional: no se trata únicamente de qué se dice, sino de cómo se dice; considerando factores de temporalidad, quién lo dice, a quien le dirige el mensaje y otros detalles teóricos comunicacionales.

La comunicación, como eje transversal, toma en cuenta un componente emocional clave en el receptor. En la práctica, las personas interpretan una política pública según cómo perciben que les beneficia o perjudica. De ahí surgen dudas y emociones que se traducen en preguntas concretas: ¿la implementación del etanol podría dañar mi vehículo?, ¿el precio del combustible disminuirá o aumentará?, ¿quiénes se benefician como proveedores del etanol?, entre muchas otras.

En este contexto, una estrategia comunicacional debe anticipar estas inquietudes y posible incertidumbre, abordarlas con información clara y basada en evidencia, además de que debería buscar conectar con las preocupaciones reales de la ciudadanía para generar confianza y comprensión.

El costo de la desinformación en las políticas públicas es alto. Existen actores clave que influyen en la amplificación de mensajes, por lo que la gestión comunicacional implica monitorear, desmentir, argumentar y aclarar de forma constante. Estas acciones no solo son responsabilidad de las autoridades, sino también de los distintos actores involucrados, quienes actúan como replicadores de la información. En este contexto, la ciudadanía como actor económico podrá identificar con mayor claridad las posturas, comprender el impacto de las decisiones y formarse un criterio informado sobre la implementación de este nuevo reglamento.

Una vez más, la falta de comunicación estratégica genera incertidumbre en el ciudadano y el peso de ello recae sobre todo el país.